Minería. El litio y el cobre son de dominio provincial, y la protección nacional de sus plantas y rutas de exportación depende de la adhesión del artículo 130. Sin ella, la Estrategia Nacional de Infraestructuras Críticas no alcanza a una mina o a un mineraloducto salvo que la provincia lo permita.

Banca. El régimen RePET, el proyecto eleva a rango de ley (Título VII), obliga a los sujetos obligados a inmovilizar de inmediato bienes de cualquier inscripto (art. 118) y prohíbe operar con ellos aun por interpósita persona (art. 120), con ratificación judicial posterior (art. 119). El costo de compliance sube de «monitorear una lista» a «congelar activos en el momento».

Energía. Es el sector con precedente real: Oldelval, Vaca Muerta, y el régimen sancionatorio del Título I con multas en barriles de WTI y penas de hasta 20 años para quien opere sin habilitación en la cuenca Malvinas. El Régimen de Desistimiento (arts. 30 a 38) ofrece salida por pago o por reconversión de inversión hacia territorio argentino.

Logística. La Hidrovía es el caso de estudio: 80% del comercio exterior por un corredor ya concesionado a Vía Navegable Argentina en medio de una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China que la adjudicación no cerró, con puertos y terminales que pueden calificar como infraestructura crítica (art. 77) y un régimen naval propio (Título III, Cap. 2) para buques que alteren su identidad o posición.

Agro y alimentos. Depende de la Hidrovía para casi toda su exportación, y por primera vez la pesca entra al régimen sancionatorio de Malvinas (art. 33, con costos de regularización desde 10.000 barriles). El operador ya está en funciones: cualquier traba judicial o sanción sobre Vía Navegable Argentina o sus socios locales, a raíz de la denuncia penal abierta, pega directo en el costo logístico de la próxima cosecha.