Hay términos que comienzan a utilizarse en un ámbito específico y luego se masifican a partir de hechos relevantes -de esos que usualmente quedan en la historia y la memoria colectiva- y luego se comienzan a utilizar para escenificar diversas circunstancias, lejanas al uso primigenio de su acepción. En el caso del término Seguridad Nacional, podemos decir que representa esta lógica. Hoy la usamos para hablar de aeropuertos, de aplicaciones de celular, de fronteras marítimas y de aranceles, y por supuesto, la seguimos escuchando en ámbitos estratégicos de la Defensa, por ello vale la pena seguirle el rastro.
El acta fundacional: 1947, Washington
El concepto moderno de seguridad nacional tiene un punto de origen rastreable: la National Security Act firmada por Harry Truman el 26 de julio de 1947. La ley reorganizó por completo el aparato militar y diplomático estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual se fusionaron los departamentos de Guerra y Marina en lo que terminaría siendo el Departamento de Defensa; creó la Fuerza Aérea como rama independiente, instituyó el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) bajo dependencia directa del presidente, y fundó la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Si bien lo podemos tomar como el punto de origen del concepto, vale aclarar que dicha ley no define qué es «seguridad nacional». Define una arquitectura institucional -un Departamento, un Consejo, una agencia de inteligencia- y le asigna la misión de defender los intereses nacionales frente a amenazas externas. El contenido del concepto quedó deliberadamente abierto. Esa apertura es, en sí misma, una decisión política y es la que le permite a cada administración actualizar su Estrategia de Seguridad Nacional y, por ende, sus objetivos estratégicos.
Sobre el concepto de Seguridad Nacional
La noción de Seguridad Nacional apunta, como señala Marfort, “a la habilidad de los estados y sociedades para mantener su identidad independiente y su integridad funcional contra las fuerzas de cambio que se perciben como hostiles”. Esta acepción permite pensar en la variable multiactor para el abordaje de este concepto, dado que si bien siempre fue entendida como parte de la supervivencia del Estado, hoy también el sector privado -y especialmente el que desempeña sus negocios en sectores críticos- contribuye a aquella mirada de integridad funcional.
Y esto también lo recalca González Cussac, al advertir que “la categoría de seguridad nacional se construye ya hoy desde una perspectiva multidimensional: militar, política, económica, social (identitaria), y medioambiental. Es decir, como equivalente a exención de peligro, daño o riesgo en todos estos ámbitos, y por tanto entendida como seguridad colectiva, compartida y global”.
La década del ’60 a las Torres Gemelas
Luego de la Crisis de los Misiles de 1962, el rol de hegemón de los Estados Unidos no podía quedarse en lo meramente discursivo, y fue entonces cuando diversos países de la región como Venezuela en 1964, o Argentina en 1966 comenzaron a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) en el continente.
Si la fase latinoamericana de la DSN llevó la seguridad nacional al terreno de la política interna armada, los atentados del 11 de septiembre de 2001 hicieron algo diferente y, en cierto sentido, más profundo: la metieron en la vida cotidiana.
En 2003, como respuesta directa a los atentados, Estados Unidos creó el Department of Homeland Security, que articula 17 agencias relacionadas con fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Fue la reforma estructural, doctrinaria, presupuestal y legal más significativa del gobierno estadounidense desde 1947.
El efecto sobre la vida diaria fue masivo y persistente. La definición de «seguridad nacional» se amplió hasta incluir terrorismo internacional, crimen organizado transnacional, ciberseguridad, infraestructura crítica, biotecnología, migración, suministros energéticos y -más recientemente- efectos del cambio climático. El concepto pasó de definir cómo se organizan las fuerzas armadas a definir cómo se aborda un avión, cómo se vigila un mensaje, cómo se controla una frontera, cómo se aprueba una inversión extranjera. La línea entre seguridad nacional y derechos fundamentales es lo que aún hoy en día mantiene vigentes las discusiones sobre el concepto.
Doctrina Donroe: el corolario Trump
El último capítulo lo conocimos como Doctrina Donroe, que describe la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca el 4 de diciembre de 2025, basada en cuatro principios rectores: paz a través de la fuerza, balance de poder, reciprocidad y una concepción del orden internacional como competencia entre Estados donde prevalece el más poderoso.
Ya analizamos en detalle qué es la Doctrina Donroe y cuál es la implicancia sectorial que tiene en los tres sectores críticos con los que trabajamos desde Strathos Lab.
Donde la seguridad nacional toca el balance
Hay un fenómeno que conviene nombrar con precisión, porque está cambiando la naturaleza de la decisión empresarial en sectores enteros: la securitización del negocio. No se trata de un tema reputacional ni de un capítulo de compliance. Se trata de que actividades que durante décadas se evaluaron como decisiones comerciales -dónde invertir, a quién prestar, con quién asociarse, qué cliente onboardear, qué proveedor calificar- hoy se evalúan, en última instancia, como decisiones de seguridad nacional. La de algún otro país, pero con efectos directos sobre el propio balance.
Esto no es una metáfora. Es una operación administrativa que sucede en lugares concretos: en CFIUS revisando una inversión extranjera, en OFAC designando un actor, en una agencia de exportación bloqueando un embarque, en un decreto que reclasifica un mineral o un servicio como «estratégico». El concepto que nació en 1947 para coordinar Defensa, Inteligencia y Exteriores está hoy operando como capa regulatoria efectiva sobre la economía real.
Vale la pena ver cómo aterriza en los tres sectores que en Strathos consideramos críticos.
Lo que esto invita a pensar
Tres lecturas posibles, que se cruzan.
La primera es estratégica: el concepto «seguridad nacional» funciona hoy como un campo de fuerza que reconfigura industrias enteras sin necesidad de regulación sectorial explícita. Una empresa minera, un banco o una operadora energética pueden ver alterado su perímetro operativo por una designación, una orden ejecutiva o una revisión de inversión extranjera, sin que ninguna ley sectorial haya cambiado. La regulación que importa, cada vez más, no es la del sector.
La segunda es de gobernanza corporativa: los directorios que evalúan riesgos siguen organizándolos por silos -regulatorio, reputacional, financiero, operacional, ESG-. La securitización del negocio no encaja limpiamente en ninguno. Cruza todos. Y exige una capacidad analítica que las matrices de riesgo tradicionales no contemplan: leer documentos de política exterior como si fueran términos de referencia comerciales.
La tercera es histórica, y vuelve al inicio del recorrido. Cada vez que el concepto de seguridad nacional se amplió -1947, 1964, 2001, 2025- incorporó las capas anteriores sin abandonarlas. Eso significa que hoy, cuando un banco lee una guía de OFAC, una minera negocia una concesión o una petrolera evalúa un offtake, está operando simultáneamente bajo la arquitectura institucional de Truman, la lógica hemisférica de Monroe, el aparato post-11/S y el corolario Trump. Las cuatro capas funcionan al mismo tiempo.
El concepto que nació para coordinar el Estado terminó coordinando, en buena medida, la economía. Esa es la novedad. Y es la materia con la que conviene trabajar, sin alarmismo y sin distracción, en cualquier mesa directiva de los próximos años.
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