Auditamos 28 reportes de sostenibilidad latinoamericanos. Dieciséis publican un mapa de sus operaciones. Cuatro mencionan tensiones geopolíticas. Ninguno conecta una cosa con la otra.
La minera Vale publica su mapa global bajo la etiqueta GRI 2-1. TGS publica el suyo bajo GRI 2-1 y 2-6. Las etiquetas marcan dentro del reporte exactamente lo que hay que leer.
GRI 2-1 es «detalles de la organización». Identidad. Domicilio, forma jurídica, países de operación. Es el estándar con el que una empresa se presenta, no con el que se evalúa. El único dato espacial que la compañía produce sobre sí misma vive en el mismo capítulo que el organigrama y el año de fundación.
Ahí está el problema, y es más profundo que una omisión. Las empresas no ignoran la geopolítica. La dibujan. Banco de Bogotá pone a Panamá como una caja lateral con dieciséis oficinas y dieciocho cajeros, sin una palabra sobre jurisdicción. Vale distribuye íconos por Omán, Malasia y Singapur, y su mapa contiene Ormuz, Malaca y el mar Rojo sin nombrarlos jamás. TGS directamente traza los arcos de exportación hacia Senegal, India y China, y en la misma página aclara que la distribución y el uso final son responsabilidad de sus clientes.
Cuanta más información geopolítica carga el mapa, más explícita se vuelve la renuncia a interpretarla.
Fruto del análisis documental, elaboramos un informe que recorre los tres casos, presenta la escala de cinco escalones que ordena a los veintiocho reportes, y propone la grilla de seis vectores de exposición geopolítica que ningún marco de reporting exige y que ninguna de las empresas auditadas responde.
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