Los tres Estados que miran al Pacífico Sur convirtieron a sus fuerzas de despliegue rápido en el eje de la seguridad interior. El modo en que cada uno paga esa guerra (un impuesto al consumo en Ecuador, la caja fiscal común en Perú, un fondo bajo control civil en Chile) revela a quién le cedió el mando de su instrumento coercitivo. La arquitectura financiera de una guerra es un mapa de soberanía.
El 9 de enero de 2024, minutos después de que un comando armado tomara en vivo el set de TC Televisión en Guayaquil, Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 111. El texto declaró la existencia de un conflicto armado interno, identificó a veintidós bandas como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlas. El jefe del Comando Conjunto lo tradujo esa misma tarde: todo grupo del decreto se había convertido en un objetivo militar. En una firma, Ecuador trasladó al interior de su territorio la gramática del conflicto armado internacional a través de tres ejes: beligerancia, objetivo militar, derecho internacional humanitario.
La frontera se corrió hacia adentro
El gesto ecuatoriano es el caso extremo de un patrón compartido. En la fachada Pacífica sudamericana, la presión del crimen organizado transnacional disolvió la separación clásica entre defensa nacional y seguridad interior, esa que reservaba al instrumento militar para repeler ejércitos en la frontera externa y dejaba el orden interno a la policía. Ecuador militarizó las cárceles convertidas en centros de mando de los carteles y desplegó unidades para custodiar el eje energético (represas y oleoductos) frente al sabotaje. Perú gobierna Lima, Callao y Trujillo mediante estados de emergencia sucesivos que sacan al Ejército a patrullar la ciudad, mientras sostiene el despliegue permanente en el VRAEM. Chile llevó tropas a la macrozona norte para sellar la frontera porosa con Perú y Bolivia, y mantiene la militarización de la macrozona sur para proteger la infraestructura logística forestal.
En cada país, la punta de lanza es una unidad de élite. Ecuador la tiene en la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 «Patria», con 920 efectivos ya operativos. Chile, en la Brigada de Operaciones Especiales «Lautaro», creada en 2006 e integrada por comandos, paracaidistas y fuerzas antiterroristas. Perú, en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, articulada con el comando conjunto que opera de forma permanente en el VRAEM.
Leído con el binomio Estado-espacio de José Felipe Marini, el movimiento es preciso: los tres Estados redefinieron cuál es el espacio que su instrumento militar debe controlar. El factor estable ya no es la línea fronteriza externa, sino el corredor interno, el penal, el puerto, la represa. La fuerza de despliegue rápido dejó de ser reserva estratégica para la defensa de la soberanía externa y pasó a ser el bombero táctico de emergencias urbanas, carcelarias y fronterizas.
Conviene registrar que los tres llegaron a este punto por las urnas, no solo por decreto. Noboa gobierna sobre la declaratoria de conflicto armado interno. La campaña presidencial peruana de 2026 tuvo a la inseguridad y la extorsión como eje excluyente, con más del 80% del electorado de Lima y Callao señalándolas como el primer problema nacional. Y en diciembre de 2025 Chile eligió a José Antonio Kast sobre una plataforma de frontera, deportaciones y mano dura contra el crimen organizado. La militarización de la seguridad interior no se impuso contra la voluntad ciudadana, sino que fue ratificada por mandato popular.
Tres formas de pagar la misma guerra
Acá está el núcleo. Los tres modelos de financiamiento no son variantes administrativas de una misma decisión. Ordenados en un solo eje (el grado de control civil sobre el presupuesto de la coerción) revelan tres soberanías distintas.
Ecuador optó por el shock fiscal. La Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno (Registro Oficial 516, 12 de marzo de 2024) subió el IVA de forma permanente del 12% al 13% y facultó al Presidente a llevarlo hasta el 15%, potestad que Noboa ejerció por decreto desde el 1 de abril de ese año. Sumó contribuciones temporales sobre las utilidades de las sociedades y de los bancos, y elevó el Impuesto a la Salida de Divisas al 5%. El costo de la guerra se socializó sobre el consumidor, por la vía de un tributo regresivo y de una ley urgente en materia económica que esquiva la deliberación presupuestaria ordinaria. La guerra se dio, así, un flujo de ingresos propio.
Perú tomó el camino opuesto en materia fiscal. No creó ningún impuesto de guerra ni convenio corporativo. El canon minero y gasífero, que en cualquier lectura sería la caja natural de una economía extractiva, está afectado por ley a los gobiernos regionales para obra civil, blindado lejos de la función coercitiva. La defensa se financia por la caja impositiva común del presupuesto general. El Estado peruano sostiene una guerra interna permanente sin darle una fuente de recursos autónoma: la renta extractiva está presente, pero encapsulada fuera del instrumento militar.
Chile ocupa el extremo institucional del eje. En 2019 derogó la Ley Reservada del Cobre, que durante seis décadas ató el 10% de las ventas de Codelco al gasto militar por fuera de todo control parlamentario. La reemplazó por un Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y un Fondo de Contingencia Estratégico, administrados con intervención del Banco Central y sometidos a la fiscalización del Congreso y la Contraloría. El aporte del cobre subsiste como beneficio fiscal decreciente hasta extinguirse al año doce. El sentido entero de esa reforma fue devolverle al poder civil la llave de la caja militar.
El ángulo que la mano dura oculta
La lectura de superficie ve tres países haciendo lo mismo: militarizar la seguridad frente a un crimen desbordado. La arquitectura financiera dice otra cosa, y obliga a cierto nivel de análisis.
Ecuador construyó para su guerra un flujo de recaudación paralelo, regresivo y sustraído del escrutinio presupuestario habitual. Un conflicto con caja propia es un conflicto con una clientela fiscal interesada en su permanencia: cuando la guerra se vuelve una línea de ingresos dedicada, el aparato que la sostiene desarrolla interés en que la amenaza no termine. Chile hizo durante una década exactamente lo contrario, subordinar el dinero de la defensa al control democrático, y llega a este ciclo con la caja militar bajo llave civil justo cuando elige a un presidente que orientará ese instrumento hacia adentro. El poder civil chileno recuperó el mando del presupuesto en el mismo momento en que la misión del instrumento se corre al enemigo interno.
Por debajo de los tres modelos hay una convergencia que ninguna narrativa de seguridad enuncia: adónde van desplegadas estas fuerzas. Penales, puertos, oleoductos, represas, frontera minera, corredores forestales. El instrumento de defensa nacional se está reconvirtiendo en el garante de seguridad de la infraestructura físico-productiva de cada país. El espacio soberano que hoy custodia es el del orden interno y el de la logística extractiva y energética, no el de la frontera externa.
El costo estratégico que se paga después
El desgaste no se mide solo en adiestramiento convencional perdido, aunque un soldado que pasa años requisando pabellones o patrullando avenidas pierde el oficio de la defensa de la soberanía externa. El costo mayor es de autonomía, en el sentido de Guglialmelli: un instrumento absorbido por la policía interna pierde capacidad de decisión propia sobre el tablero que viene.
Y ese tablero ya está sobre la mesa. La disputa de las grandes potencias por el subsuelo crítico de la región (el cobre y el litio de Chile y Perú, los corredores bioceánicos, los accesos marítimos) se intensifica en la misma ventana temporal en que estos Estados vuelcan su instrumento hacia adentro. Con la lógica geoeconómica de Luttwak, el movimiento es legible como el uso de la fuerza coercitiva para asegurar flujos económicos internos, mientras se desatiende la contienda externa por los recursos que definirán la autonomía regional en la próxima década. La fuerza optimizada para el penal y la calle es la que quedará desalineada frente a la competencia por el mineral.
El paraguas de la Doctrina Donroe
Este giro no ocurre en un vacío hemisférico. La Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca publicó el 4 de diciembre de 2025 (la Doctrina Donroe, corolario Trump a la doctrina Monroe) ordena el hemisferio alrededor de tres categorías de amenaza: las fronterizas, el narcoterrorismo y los actores extra-hemisféricos (China, Rusia, Irán). Las dos primeras son exactamente las que las fuerzas de despliegue rápido combaten de puertas adentro. Washington acompaña el movimiento: el respaldo del Departamento de Estado a Kast tras el balotaje y el alineamiento de Noboa con el bloque regional muestran que el enemigo interno de estos Estados es, a la vez, una prioridad de seguridad para la potencia hemisférica.
El corolario es la securitización del negocio, el fenómeno que en Strathos venimos nombrando: decisiones que antes eran comerciales (dónde invertir, a quién prestar, qué proveedor calificar) hoy se resuelven como decisiones de seguridad nacional. Mientras estas fuerzas persiguen al narcoterrorista que la Donroe designa, la misma doctrina securitiza el subsuelo de la región: el financiamiento estadounidense al litio, el cobre y las tierras raras se justifica por seguridad nacional y reducción de dependencia respecto de China, sin pasar por el argumento de la transición energética. El instrumento militar se vuelca contra una de las amenazas del marco hemisférico en el mismo momento en que la otra cara de ese marco avanza sobre sus minerales. La autonomía, en el sentido de Guglialmelli, queda comprimida por los dos lados.
Lo que mira el Cono Sur
Para Argentina, el dato no es lejano. Su vecindario Pacífico se militariza hacia adentro sobre una fachada que comparte cordillera, corredores mineros y salida logística. Un bloque de Estados que reorienta su instrumento militar a la seguridad interior, financiada con esquemas que van del impuesto regresivo al fondo soberano, altera el equilibrio Atlántico-Pacífico y redefine el mapa de riesgo para los sectores que operan sobre esa geografía. Para la minería y la energía, la señal es concreta: la seguridad de la infraestructura crítica dejó de ser un asunto privado de las empresas y pasó a ser una función que el Estado reclama como propia, con el uniforme puesto y con la caja que cada país supo o pudo construir.
Por Fernando Legrand – Director de Strathos Lab
¿Qué son las fuerzas de despliegue rápido y por qué operan en seguridad interior?
Son unidades militares de élite pensadas para la respuesta inmediata (la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 «Patria» en Ecuador, la Brigada de Operaciones Especiales «Lautaro» en Chile, la Primera Brigada de Fuerzas Especiales en Perú). Concebidas como reserva estratégica para la defensa externa, hoy se emplean de puertas adentro contra el crimen organizado transnacional: cárceles, fronteras, ciudades e infraestructura crítica.
¿Cómo financia cada país su guerra interna?
Con tres modelos distintos. Ecuador aplicó un shock fiscal (IVA permanente al 13%, con facultad presidencial hasta el 15%, más contribuciones temporales). Perú la financia por la caja común del presupuesto, con el canon minero encapsulado para obra civil regional. Chile derogó en 2019 la Ley Reservada del Cobre y creó un Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas bajo control del Congreso y la Contraloría.
¿Qué es la Doctrina Donroe?
Es el nombre con el que se ha designado a nivel comunicacional la Estrategia de Seguridad Nacional que la Casa Blanca publicó el 4 de diciembre de 2025, definida como un corolario Trump a la doctrina Monroe. Organiza el hemisferio en tres categorías de amenaza (fronterizas, narcoterrorismo y actores extra-hemisféricos) y deriva en la securitización del negocio: decisiones antes comerciales que hoy se resuelven como decisiones de seguridad nacional.
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