El nuevo gobierno colombiano llega con una fuerza militar sólida en estructura y golpeada en presupuesto, y resuelve esa brecha alineándose a Washington. La jugada compra capacidad contra el narco al precio de la autonomía estratégica que Colombia acababa de financiar en el aire. El terremoto del 10 de agosto, a setenta y dos horas de la asunción, expuso el problema de fondo: la capacidad que el territorio reclamó no es la que la nueva alianza está diseñada para dar.
Setenta y dos horas
El 7 de agosto Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia en Cali -la primera investidura presidencial celebrada fuera de Bogotá-, tras ganar el balotaje del 21 de junio por menos de un punto frente a Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Ese mismo día, horas después del juramento, el Departamento de Estado anunció un paquete de asistencia en seguridad de 1.000 millones de dólares y la incorporación de Colombia al Escudo de las Americas, la arquitectura hemisférica que Washington viene ensamblando y que ya integran Argentina y Chile, junto a otros países. La delegación estadounidense en la ceremonia la encabezó el fiscal general en funciones, Todd Blanche. La señal fue deliberada y coreografiada: Colombia como pieza modelo de la política de Trump para América Latina.
Setenta y dos horas más tarde, el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó) y foco profundo sacudió el occidente y el centro del país. El balance provisional trepó rápido: más de 239 muertos y más de 3.700 de heridos según los reportes de las autoridades, con Pereira, el Valle del Cauca, Manizales y la propia Cali entre las zonas más golpeadas. De la Espriella declaró el desastre nacional y activó el Puesto de Mando Unificado. Su primera prueba real de Estado no fue la guerra que prometió, sino un terremoto.
Ese contraste -la alianza militar firmada un viernes, el desastre territorial el lunes- es el marco correcto para leer con qué capacidades de defensa arranca Colombia y qué está canjeando para completarlas.
Lo que Colombia ya tenía
En estructura de fuerzas, Colombia, es de los sistemas más densos de la región: veintiséis brigadas territoriales distribuidas en ocho divisiones, una Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) en expansión bajo el Plan 16000, y una fuerza de tarea conjunta -la FTC Omega- con décadas de combate asimétrico acumulado contra guerrillas y estructuras narco. Es un instrumento probado en operaciones, con doctrina interoperable y experiencia real de conducción conjunta.
El diferenciador estratégico está en la base industrial. A través del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), Colombia sostiene lo que casi ningún otro país latinoamericano tiene: capacidad propia. INDUMIL fabrica armamento, municiones y fusiles Galil ACE bajo licencia; COTECMAR se consolidó como uno de los astilleros más relevantes de la región, con patrulleros oceánicos, patrulleros fluviales y buques de desembarco de diseño y construcción nacional; la CIAC hace mantenimiento mayor, modernización de aeronaves y desarrollo de sistemas no tripulados. Esa base reduce la vulnerabilidad clásica de la periferia militar: la dependencia de importaciones expuesta a embargos, vetos tecnológicos e interrupciones de cadena.
Y en el aire, Colombia acababa de tomar la decisión más importante de su modernización en décadas. El gobierno de Petro firmó con Saab la compra de diecisiete cazas JAS-39 Gripen E/F por unos 4.400 millones de dólares -radares AESA, IRST, guerra electrónica, armamento inteligente, centro de simulación-, con entregas escalonadas entre 2028 y 2032, para reemplazar a los veteranos Kfir israelíes que llevaban treinta y cinco años en servicio y cuya disponibilidad había caído por debajo del 30%. A eso se sumó el transporte KC-390 Millennium de Embraer, dentro de un plan de modernización anunciado por encima de los 12.000 millones de dólares.
Hay un dato del contrato Gripen que se trató como técnico y que en realidad es estratégico: Suecia confirmó que no existían vetos ni restricciones de Estados Unidos sobre la transferencia tecnológica de los componentes del acuerdo. Colombia estaba comprando, por primera vez, poder aéreo sin la mano de Washington en el interruptor (pero con su aval implícito).
La única grieta seria de todo el sistema es fiscal. La estructura es robusta, la industria es real, la modernización está firmada, pero el sostenimiento presupuestario es la vulnerabilidad estructural del modelo colombiano. La discusión de fondo sobre el Gripen nunca fue si sirve: fue cómo se financia hasta 2032 sin desfondar el resto del Estado que ya cuenta con un déficit calculado del 7,8%. Esa grieta es exactamente por donde entra Washington.
El precio del Escudo
El paquete estadounidense no es filantropía; es la contraparte de una agenda. El nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, presentó el Plan Patriota 2.0 como componente central de la alianza renovada: refuerzo de inteligencia, apoyo directo de Estados Unidos a operaciones militares en territorio colombiano, reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca -prohibida desde 2015 por razones de salud pública- y extradición ágil de capturados. De la Espriella respaldó en público la ofensiva militar estadounidense en la región, incluidos los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico que ya acumulan cientos de muertes en aguas del hemisferio. Enterró la Paz Total de Petro y prometió una lista de estructuras narcoterroristas y megacárceles de máxima seguridad al estilo Bukele.
La incorporación de Colombia al Escudo de las Americas completa un espinazo -Argentina, Chile, Colombia- que le devuelve a Washington una red de seguridad propia dentro del hemisferio, apoyada en gobiernos dispuestos a ceder soberanía operativa a cambio de capacidad y recursos. Los 1.000 millones de dólares son el precio de admisión, y la moneda de pago es la reafirmación de la alianza histórica con el hegemón, basada en operaciones estadounidenses sobre suelo colombiano, agenda de seguridad alineada con las prioridades de la Casa Blanca, y el único aliado principal no miembro de la OTAN en el sub-continente.
La contradicción que De la Espriella hereda
Vale recordar que De la Espriella se opuso a la compra de los aviones suecos, ya que como candidato opositor atacó la compra por sobrecosto. Ahora la hereda intacta, porque el contrato es jurídicamente irreversible y lo obliga hasta 2032.
Sobre ese activo de autonomía, el nuevo gobierno monta el Plan Patriota 2.0, que es su exacto contrario: profundización de la dependencia. Colombia termina con una fuerza aérea sueca -comprada para no depender de Estados Unidos, pero sin su oposición- operando dentro de una arquitectura de seguridad comandada por Estados Unidos. El caza y la doctrina apuntan en direcciones estratégicas opuestas. La plataforma dice autonomía; la política que la enmarca dice tutela.
El terremoto puso el segundo filo de la contradicción sobre la mesa. La capacidad que el territorio colombiano reclamó a 72 horas del cambio de mando fue aeromovilidad, ingeniería de emergencia, logística de rescate y respuesta a desastres sobre una geografía quebrada, la misma familia de capacidades duales que un dispositivo optimizado para la guerra antinarco y las operaciones kinéticas conjuntas tiende a subfinanciar. Mil millones para cazar estructuras narco; la primera emergencia real fue sacar gente de los escombros en Pereira. La brecha de respuesta aeromóvil sobre territorio remoto -el mismo problema que en la Argentina se lee sobre la infraestructura de Vaca Muerta en Patagonia- tiene su espejo colombiano, y ninguna partida del paquete estadounidense la cubre.
Lo que esto le hace a la región
Para América Latina, el ingreso de Colombia al Escudo consolida una transformación que empezó con Milei y siguió con los realineamientos en Chile, Bolivia y Ecuador: Washington reconstruyó, en menos de dos años, una red hemisférica de seguridad sin necesidad de un frente diplomático único ni de romper los vínculos comerciales de esos países con Beijing. Es una arquitectura de geometría variable -dependencia en seguridad, pragmatismo comercial con China- y Colombia le aporta el eslabón que le faltaba en el norte de Sudamérica, con salida a dos océanos y frontera con Venezuela.
Para los sectores críticos, tres consecuencias concretas.
En minería, el giro tiene doble filo. La minería ilegal es blanco explícito del Plan Patriota 2.0 y del paquete estadounidense, lo que endurece el entorno operativo para las economías de enclave criminal y, por elevación, disciplina la informalidad en oro y en tierras del Bajo Cauca y el Pacífico. Pero el mismo alineamiento inserta a Colombia en la lógica de cadenas de suministro seguras de minerales críticos que Estados Unidos está armando con sus aliados hemisféricos: la securitización militar y la securitización del abastecimiento estratégico dejan de ser agendas separadas. Quien opere minería formal en Colombia va a hacerlo dentro de un orden más militarizado y más atado a las prioridades de Washington.
En energía, la protección de infraestructura crítica pasa a primer plano de la doctrina, con apoyo estadounidense directo. Para el capital energético, el entorno de seguridad mejora en el margen; el riesgo se desplaza hacia lo político. La reversibilidad de un modelo sostenido por una alianza personalista y por una mayoría electoral de menos de un punto, con Cepeda organizando oposición desde el Senado.
En banca y riesgo soberano, la contradicción vuelve al centro. El país tiene que financiar simultáneamente el Gripen hasta 2032 y una postura de seguridad militarizada, sobre una vulnerabilidad fiscal que era estructural antes de sumar ambos compromisos. Los 1.000 millones de financiamiento alivian el flujo, pero atan la agenda. Leído desde la geopolítica del Cono Sur, el patrón es el de siempre: la región aparece como plataforma de proyección de poder ajeno y como tomadora de una capacidad que no controla, mientras el valor estratégico -la decisión sobre su propia defensa- fluye hacia el centro.
Fernando Legrand | Director de Strathos Lab
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